Últimas novedades sobre la modificación de la normativa sobre prevención de la legionellosis en España

Actualmente, el proyecto de normativa está en trámite de información pública en la UE, Trámite 2021/664/E. Después del proceso en Europa, el Ministerio de Sanidad estudiará posibles nuevas alegaciones recibidas desde Europa y seguirá su formalidad con el envío del proyecto actualizado al Consejo de Estado para su validación y finalmente su publicación en el BOE. La previsión actual de su publicación es a finales del primer cuatrimestre de este año.

Desde Adiquímica queremos presentar los aspectos más significativos de este proyecto de normativa:

• El ámbito de aplicación es toda instalación (fija o móvil) en la que la Legionella es capaz de proliferar y diseminarse. Se suprime la clasificación de las instalaciones en función de su probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella, y se amplían los tipos de instalaciones a tratar.
• Se mantiene la obligación de notificar las mismas instalaciones (torres de refrigeración o condensadores evaporativos) que en la normativa actual. Se abre la puerta a notificar otros tipos de instalaciones.
• El proyecto hace énfasis en las responsabilidades relativas al diseño, a los materiales utilizados en los equipos y aparatos de las instalaciones implicadas.
• Se introducen dos instrumentos para el control de la Legionella:

– el Plan Sanitario (PSL) (se establece con carácter voluntario)
– el Plan de Prevención y Control de Legionella (PPCL).

• No se exige que la toma de muestras de Legionella sea acreditada
• Se separa la toma de muestras para analizar la Legionella de una muestra de agua de la toma de muestras para evaluar la presencia de biofilm en una instalación.
• Exigencia de que los laboratorios que realicen ensayos de Legionella estén acreditados para esta determinación.
• El método de cultivo será el método de referencia para Legionella pudiendo recurrirse, con carácter complementario a éste y en situaciones determinadas, a métodos alternativos al cultivo, métodos no basados en el cultivo y métodos moleculares, en particular la PCR en directo (qPCR).
• La formación del personal del titular de la instalación o de empresas de servicios a terceros que realice acciones menores en las instalaciones, como pueden ser la medida pH, temperatura, comprobación de niveles de biocidas, etc, se incluirá dentro del plan de formación de la empresa. Para acciones mayores como: realización de L+D, etc ya se deberá realizar todo el proceso y estar en posesión de la cualificación profesional.
• Los certificados de formación actuales tendrán una vigencia de 5 años, para poder facilitar que el personal pueda obtener la cualificación profesional correspondiente.
• Cambios significativos en algunos de los protocolos de Limpieza y Desinfección de las instalaciones.
• Se modifican periodicidades en varios controles analíticos de algunas de las instalaciones.

1. 1. 1. Destacamos lo más significativo para agua sanitaria: Legionella, aerobios y hierro total trimestrales; pH, temperatura y cloro diarios, y turbidez semanal.
      2. Para torres de refrigeración: Legionella, conductividad y hierro total mensual; aerobios trimestrales; temperatura, pH y biocida diarios, y turbidez semanal.

• Los aerobios totales en torres pasan a tener un valor límite de 100.000 ufc/ml en vez de los 10.000 ufc/ml actuales.
• Se incorporan medidas a adoptar en función de los resultados analíticos de Legionella spp. para varias instalaciones: sistemas de agua sanitaria, torres de refrigeración y equivalentes, sistemas de agua climatizada (tipo spas, jacuzzys, etc) y otros tipos de instalaciones.

Esta propuesta de modificaciones de la normativa vigente se debe a dos motivos principales:

• Necesidad de actualizar la normativa nacional relativa a la prevención de la Legionella al estado actual de la ciencia y a la información epidemiológica más reciente.

• Además, en 2017 se actualizó la UNE 100030:2017, sobre prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones. Esta regulación tiene carácter complementario a lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, actualmente vigente en España, por lo que se ha generado incertidumbre sobre la aplicación de diferentes aspectos de ésta, provocando inseguridad jurídica para el administrado y para los agentes del control oficial.